En 1981, el Consejo de Europa declaraba el derecho a la
autodeterminación sexual de hombres y mujeres.
Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las
encuestas, los informes y la realidad muestran que la discriminación y el
discurso de odio contra las personas LGTBI y los crímenes de odio motivados por
la LGTBIfobia están creciendo en toda la UE y representan una seria amenaza
para el respeto de los derechos fundamentales en la UE.
Y es que, a pesar de los avances alcanzados en los derechos
LGTBI, quedan muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder
legislativo, especialmente en lo relativo a la lucha contra la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género y al reconocimiento y
protección de las personas LGTBI víctimas de delitos.
A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida
con la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, donde las personas
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que ya son víctimas
de violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género,
se han visto gravemente afectadas por esta pandemia.
En este contexto, el papel de los gobiernos locales ha
demostrado, una vez más, que para ser eficiente y eficaces, se debe adoptar un
enfoque basado en la cercanía de la realidad social priorizando los derechos
humanos y enmarcando cualquier actuación en los principios de igualdad y no
discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de
cuentas.
Somos, los Ayuntamientos, garantes de la efectividad de una
estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia
ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los derechos
y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación, con
independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Hace 16 años, se aprobó en las Cortes Generales la ley que
regulaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, haciendo de 2005 un año
histórico en la política española. En el año 2007, se aprobó la ley reguladora
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
El Consejo de Ministros del 6 de Julio de 2018 declaró el 28 de junio Día
Nacional del Orgullo LGTBI, hito histórico en la sociedad española que refleja
el respeto a la dignidad y memoria de todas las personas.
Por lo antes expuesto, nos adherimos a la declaración institucional de la FEMP:
• Condenamos
enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y sus derechos
fundamentales, incluida la incitación al odio.
• Recordamos la
importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la discriminación
contra las personas LGTBI.
• Manifestamos
nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos
a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el
intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra
el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de
intolerancia.
• Reconocemos
la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y desglosados recopilados
por territorios, que permitan medir el alcance total de la desigualdad en
España y formular políticas significativas para la aplicación del derecho de
igualdad de la UE.
• Apoyamos
todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan
por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar
contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
• Reconocemos
el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los
derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las
autoridades locales para poner fin a cualquier discriminación existente y
seguir impulsando unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.
En Carreño, a 28 de junio de 2021.
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